Robo y tráfico ilícito de bienes patrimoniales: un daño irreversible al patrimonio cultural

Museos locales de gran valor cultural han sufrido hurtos de bienes patrimoniales para ser comercializados de manera ilegal. Estas prácticas, que se llevan a cabo hace años y que afectan tanto a museos, como a sitios arqueológicos y cementerios, entre otros, son causante de un gran e irremediable daño al patrimonio de nuestro país y de nuestros pueblos originarios. 

En septiembre de este año, se llevó a cabo un importante robo al Museo Mapuche de Cañete Ruka Kimvn Taiñ Volil – Juan Cayupi Huechicura, donde se preservan objetos de la comunidad Mapuche. En total, los bienes sustraídos fueron 114 piezas de platería, tejidos y líticos, catalogados como monumento histórico, lo que significó un grave daño patrimonial y cultural.

Este suceso no ha sido el único durante el año, en agosto el Museo Dillman Bullock, en Angol, también sufrió un robo, en el cual se sustrajeron diferentes colecciones, entre ellas, de monedas y billetes, y de platería Mapuche, además de textiles, entre otros. Las colecciones que estaban a disposición de la comunidad, de investigadores y estudiantes que visitaban el museo, poseían un gran valor patrimonial, ya que eran colecciones únicas, que albergaban parte de la historia del mundo y de la cultura Mapuche.

Estos dos eventos más recientes se pueden sumar a los diferentes robos y ventas ilegales que se han realizado en Chile alrededor de los años, como, por ejemplo, al conocido caso Schüler, en el año 2018, donde el coleccionista adquirió esculturas robadas del Cementerio General y objetos arqueológicos. Y también al caso de Jaime Quinteros Chiang, en el año 2000, quien se dedicaba hace 35 años al saqueo de bienes arqueológicos en Arica. Quintero vendía los objetos a coleccionistas chilenos y extranjeros, y se llegaron a encontrar ventas de estos bienes hasta en la galería de arte David Bernstein de Nueva York, Estados Unidos.

¿Por qué se dan estas prácticas?

Según Lina Nagel, coordinadora de la Unidad de lucha contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales, “el robo de bienes culturales es realizado no casualmente, sino es una planificación del lugar en donde se custodian los bienes culturales y las debilidades que puedan tener esos recintos en cuanto a su seguridad. En general, se dice que estos robos son robos por encargo, es decir, alguien con el conocimiento preciso del valor patrimonial y comercial de esos objetos se lo encarga a otra persona, que quizás no tiene ningún conocimiento del valor del objeto”.

Como explica Nagel, el tráfico ilícito de estos bienes se da por diversos factores, “principalmente por desconocimiento e ignorancia del coleccionista o comprador general, sobre la legislación nacional que protege los bienes culturales como objetos arqueológicos y especímenes paleontológicos por el solo ministerio de la ley”, explica la experta y agrega que también hay casos en los que los coleccionistas sí están al tanto de la ilegalidad de la compra de bienes patrimoniales, pero deciden infringir la ley de todas maneras.  

Lina expone que el coleccionismo por parte de algunas personas que, sin respetar la legislación, adquieren objetos arqueológicos o especímenes paleontológicos sabiendo que hay una prohibición de hacerlo, promueve la venta ilegal de estos bienes.

¿Quiénes resguardan nuestro patrimonio cultural?

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio es la institución que cuenta con organismos relacionados a la protección de los bienes patrimoniales y al impedimento del tráfico ilícito de sus bienes. Por su parte, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) es el encargado de la protección y tuición del patrimonio cultural y natural del país.

El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SNPC), cuenta desde el año 2013 con la Mesa de lucha contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales, “con el objetivo de contribuir a la consolidación de una estrategia nacional de lucha contra el tráfico ilícito de dichos bienes”, explica Nagel. Esta mesa, está integrada por profesionales representantes de diferentes unidades del SNPC y del CMN, que asesoran y colaboran técnicamente con las acciones establecidas por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Por otro lado, en el año 2019 se formó la Unidad de lucha contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales para coordinar las acciones de la mesa y de las diferentes unidades y organismos encargados de impedir el comercio ilegal de estos objetos. Esta unidad asesora a las instituciones fiscalizadoras, como Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, Servicio Nacional de Aduanas y Dirección General de Aeronáutica Civil. Además, organiza capacitaciones y entrega apoyo técnico ante consultas por retenciones o incautaciones.

Asimismo, la unidad trabaja con el Ministerio Público y con el Ministerio de Relaciones Exteriores, “en materias relacionadas al tráfico ilícito ante reclamaciones, restituciones y otras acciones”, relata la coordinadora y agrega que también difunde alertas de robo a las instituciones fiscalizadoras en Chile y a la Red Latinoamericana de robos patrimoniales en el exterior, ya que, como afirma “está comprobado que la difusión de robos es fundamental para encontrar estos bienes”.

Para Lina, un gran hito relacionado a este tema en nuestro país, fue la rectificación de Chile en el año 2014 de la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, Unesco 1970. “Esta convención que el 14 de noviembre de 2020 cumple 50 años, es el instrumento internacional más importante y efectivo en la protección de los bienes culturales ante el tráfico ilícito”, declara la experta.

Cómo afectan estas prácticas al patrimonio cultural de nuestro país.

El robo y tráfico ilícito son prácticas que dañan irremediablemente nuestro patrimonio cultural, ya que, además de extraer el bien en sí, borran todo contexto, y la información que éste posee del objeto y su entorno. “El patrimonio cultural es afectado desde el momento que un objeto arqueológico es huaqueado en un sitio; los huaqueros extraen solamente los objetos ‘comerciables’ para ellos que son susceptibles de ser vendidos y dañan todas las otras evidencias que nos sirve para entender culturas anteriores. Esto es un daño enorme e irreversible al patrimonio. Después en su comercio ilícito los bienes pasan a una especie de anonimato, lo mismo rige para los bienes históricos y/o de arte robados”, expone la coordinadora.

“Hay que entender que los objetos robados o huaqueados desaparecen públicamente y pasan a ocupar un espacio en la casa de un coleccionista o comprador privado, por lo tanto, todos nosotros estamos vedados de poder conocer estos objetos y/o de ser estudiados e investigados científicamente”, alega Lina.

Debido a la gravedad de estos actos, en caso de delitos contra el patrimonio cultural, el Ministerio Público se encarga de abrir causas en base a denuncias o hallazgos realizados por medio de la policía, instruyendo una investigación delictiva de acuerdo al tipo de delito ejercido. En el art. 38 y 38 bis de la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, se indican las sanciones y penas para las personas que dañen, roben, hurten o se apropien de monumentos históricos.

Fuentes:

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