La noticia que en el mes de octubre se retomaría con maquinaria pesada la búsqueda del supuesto tesoro en la Isla Robinson Crusoe, la cual se ha sido llevada a cabo por Bernard Keiser desde hace más de una década, ha causado gran molestia en las instituciones arqueológicas, debido a la poca fiscalización que ha tenido este caso, frente al impacto que tiene sobres los sitios arqueológicos aledaños a la zona de excavación.
La búsqueda del Tesoro comenzó en 1997, cuando Keiser consultó por primera vez, al Ministerio de Bienes Nacionales, sobre las gestiones para el desentierro de un alijo de oro del siglo XVIII. Desde entonces, el caso pasó por diferentes instituciones y permisos, que le permitieron al empresario llevar a cabo sondeos y excavaciones para la búsqueda, la cual ha tenido continuidad hasta hoy, no exenta de cuestionamientos y controversias, debido a los posibles daños que podría producir en el entorno del parque nacional y reserva de la biósfera.
El debate sobre la búsqueda del tesoro se reabrió luego de que se diera a conocer que, en octubre del año pasado, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó, en una resolución exenta, que la búsqueda siguiera hasta el año 2020 y que Keiser ingresara al parque nacional con maquinaria pesada para llevar a cabo la excavación, esta vez, en la roca madre, donde se creería escondido el tesoro, según los antecedentes que maneja el empresario.
“Entonces el SEA resuelve que no debe someterse al SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) en forma previa a la ejecución y ahí es donde radica el problema, porque si bien Keiser cuenta con los permisos, básicamente cuenta con la Resolución de calificación ambiental. Esta modificación que quiere hacer no fue consultada a ningún organismo técnico, es decir, al Consejo de Monumentos Nacionales o a la CONAF, para ver qué impacto podría tener sobre los diferentes componentes de la isla y sobre el sitio arqueológico. Ahí es donde comienza el conflicto”, explica Alejandra Vidal, arqueóloga y consejera del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile (CAARCH) en el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).
En enero de este año, frente a la posibilidad del ingreso de maquinaria pesada al parque, CONAF (organismo que posee la administración del parque), advirtió a los diferentes estamentos públicos con competencia ambiental, sobre lo que se quería llevar a cabo y solicitó saber si realmente el empresario poseía los permisos correspondientes para el ingreso. No obtuvo respuesta del Consejo de Monumentos Nacionales y “desde las cúpulas de la CONAF, le dijeron a la gente de CONAF de Valparaíso que tenían que dejar entrar a Keiser”, relata Vidal.
Sobre este incidente, Pablo González, encargado de Informática de CONAF, cuenta que se le solicitó al director regional de CONAF, Pablo Mira, que firmara el protocolo de acuerdo que permitiría nuevamente el ingreso de Keiser al parque, para proseguir con las excavaciones. Pero éste se negó, ya que en los años anteriores el empresario no había cumplido con las normas exigidas por la institución para el trabajo dentro del parque.
González explica que, a pesar de las presiones que recibió Mira, por parte de los abogados de Keiser y del director ejecutivo, el decidió no firmar, debido al daño irrecuperable del terreno que ya se había ocasionado y que seguiría sucediendo, lo que provocó la desvinculación de éste, por la causal de “pérdida de confianza”. “Pablo Mira actuó en consecuencia, protegiendo el archipiélago”, afirma el funcionario.
Keiser, frente a la negación del director regional de firmar el protocolo, interpuso un recurso de protección, donde se amparó legalmente afirmando que la CONAF no podía negarle el ingreso al parque para realizar sus actividades, demostrando que había sido autorizado por el Servicio de Evaluación Ambiental. “(Keiser) presiona políticamente para que alguien lo autorice y pone el recurso de protección”, declara González.
Pablo González relata que el 2 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Valparaíso desestimó el recurso de protección, luego de haberse realizado un acuerdo extrajudicial, en el cual CONAF otorgó la autorización, firmada por el director ejecutivo, para que el empresario hiciera ingreso con la maquinaria al parque.
El 6 de septiembre, el director regional de CONAF fue despedido por falta de confianza. Sin embargo, a las personas de la institución se les informó que había sido desvinculado por temas administrativos, “temas administrativos dan derecho a una investigación […] según la normativa del reglamento interno, el director debería haber tenido una investigación”, la que, como explica el funcionario, no se llevó a cabo.
“Lo que el director me dijo, que había sido presionado para que firmara o si no iba a tener consecuencias, fue demostrado con este acuerdo que firmó el director ejecutivo de CONAF, Don José Manuel Rebolledo”, cuenta Pablo González.
“Finalmente lo que el director regional consideró proteger, el director nacional (ejecutivo) consideró que no había que hacerlo”, afirma González y continúa “al director nacional (ejecutivo) de la CONAF, José Manuel Rebolledo, no le interesa la CONAF, no le interesa la protección de bosques, de áreas silvestres, de monumentos naturales, parque o reservas, porque con esto qué está diciendo: que cualquier privado va a poder hacer y deshacer en un área silvestre”.
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El Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile, luego de enterarse de lo que estaba pasando en Juan Fernández, decidió tomar medidas y realizó una declaración pública en donde mencionó que “rechazamos tajantemente el amparo del Estado para la realización de actividades de expolio penadas por la ley”, refiriéndose a las excavaciones en el archipiélago.
Para el CAARCH, son varios los puntos por los cuales le solicitan al Estado denegar los permisos de excavaciones en el parque, entre ellos:
*Que Bernard Keiser no posee un título profesional de arqueólogo para el desarrollo de un trabajo de carácter arqueológico.
Sobre esto, Alejandra Vidal explica que la ley sólo permite excavaciones arqueológicas en el marco de una investigación científica y que sólo pueden llevarse a cabo por un profesional competente, como un arqueólogo. Esto se da de igual manera, tanto para chilenos como para extranjeros, a excepción de que éstos últimos deben cumplir con otros requisitos, como poseer una contraparte nacional y provenir de una institución de investigación solvente, entre otros.
Vidal relata que cuando se le autorizó al empresario a excavar en la isla, se dio como obligación que éste trabajara en conjunto con un equipo de arqueólogos, de modo de contraparte nacional, con metodología arqueológica y entrega de informes, entre otras cosas. “Ahora, él está trabajando solo, sin ningún equipo arqueológico como su contraparte, no lo está haciendo con metodología arqueológica y tampoco ha entregado los informes adecuados”, afirma la experta.
La arqueóloga entrega además un dato interesante, sobre un informe de 1999 de la Contraloría General de la República, en donde ésta solicita esclarecer las irregularidades de la autorización acordada por el Consejo de Monumentos Nacionales a Bernard Keiser, indicando que la actividad no correspondería a una misión científica, sino a una misión comercial, cuestionando el permiso entregado. Finalmente, frente a esta solicitud, se indicó que el consejo consideraba esta misión con interés histórico. Pero para Vidal, este es más bien un tema político que de interés histórico, “por presiones políticas se autorizó a Keiser a realizar una excavación que no tiene por fin ser una investigación científica”, explica.
*Que el desarrollo de actividades de esta índole, por personas sin acreditación técnica, puede dañar severamente el patrimonio arqueológico.
Alejandra Vidal expone sobre este punto, que la metodología aprobada por el Sistema de Evaluación Ambiental para estas nuevas excavaciones, no fue consultada a los organismos competentes y que dañará tanto el sitio mismo, como los sitios aledaños.
No adecuarse a la metodología aprobada, no entregar informes, no cerrar las excavaciones y no contar con un equipo arqueológico que sea contraparte, son, entre otras, las faltas que según Vidal, el empresario estaría cometiendo y que tendrían como efecto el daño del sitio arqueológico.
En relación a los daños arqueológicos que podrían suceder, la experta explica que la excavación con maquinaria pesada que se quiere realizar a unos 50 metros del sitio arqueológico de la Cueva Selkirk, podría provocar el colapso o derrumbe de ésta, según el informe del Sernageomin, debido al efecto que podrían tener las vibraciones de la maquinaria, en la cueva de roca volcánica.
Además, la arqueóloga agrega dentro de los daños, los restos de materiales que van dejando las ocupaciones de los excavadores, “antes cuando tenía equipo arqueológico, se sacaban con palas y baldes, se rescataban todos los materiales, pero como a él lo único que le interesa es encontrar su famoso tesoro, todo lo demás se está obviando, no hay ningún trabajo metódico, sistemático, de recuperación de las cosas”, afirma molesta.
*Que los contextos arqueológicos le pertenecen a nuestro país según la legislación vigente y que el patrimonio arqueológico es parte de nuestra historia y no debe ser comercializado.
El primer problema con este punto para la Vidal, es que el trabajo de Bernard Keiser no es una investigación científica, “por lo tanto, en ese sentido está en conflicto con la legalidad chilena, independiente de si se autorizó o no se autorizó hace 20 años atrás, ya hemos ido avanzando en la lógica de que hoy en día el patrimonio arqueológico es de todos los chilenos y pertenece al Estado de Chile, frente a eso no cabe que una misión comercial venga a Chile a hacer excavaciones”, declara.
“Genera ruido que misiones extranjeras, sin pensar en el bien común, sino en el beneficio personal y en el lucro personal, estén haciendo este tipo de trabajos”, afirma Vidal, pensando en un contexto en donde “la lógica del mundo patrimonial es hacia el otro sentido, es a que las cosas vuelvan a sus lugares de origen, y esto va precisamente en la orientación contraria”, concluye la consejera.
En el caso de las investigaciones científicas, el tema posee otra connotación para la experta, ya que en esos casos se puede retribuir al país con información científica, publicaciones, difusión y muestras, entre otros, “existen antecedentes de universidades extranjeras, que con una contraparte nacional debidamente acreditada, han hecho investigaciones arqueológicas en Chile, pero de una manera completamente distinta, siempre amparadas por universidades muy reconocidas, con un proyecto de investigación, con preguntas de investigación y objetivos”, aclara Alejandra Vidal y lo compara con lo que se está llevando a cabo en Juan Fernández, en donde según ella, no hay ninguna retribución científica para el país, “acá el tipo agarra su botín si es que lo llega a encontrar y se lo lleva para su casa y lo reparte entre sus inversionistas”, afirma.
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Además del cuidado patrimonial, el CAARCH también exige el cuidado ambiental de esta reserva en su declaración, “hacemos un fuerte llamado a proteger tanto nuestro patrimonio cultural como nuestro patrimonio natural, únicos e irrecuperables. La destrucción de una parte de la reserva de la biósfera en Juan Fernández por el sólo hecho de buscar un tesoro del que no se tiene certeza, y para beneficio de una sola persona es, por decir lo menos, una acción errónea y va en contra de los planteamientos sobre el medio ambiente realizados por el Gobierno de Chile y diversas organizaciones internacionales”.
Sobre este tema, Pablo González explica que en estos últimos años hubieron una serie de faltas por parte de Keiser, al reglamento que CONAF impone sobre los trabajos en sus parques, entre ellos, dejar excavaciones abiertas y sedimentos en la superficie, lo que causó un alud cuando llegaron las lluvias habituales de la isla, “eso hizo que toda esta tierra que quedó en la superficie, se esparciera alrededor de los sectores”, relata el funcionario y agrega “varios sectores quedaron impactados con sedimentos y con piedras”, lo que causó no solo un daño visual, sino que también un cambio en la morfología del terreno. Sobre este punto, Alejandra Vidal afirma también que este evento “dejó un problema paisajístico importante”.
Otra de las faltas que se han cometido en los trabajos de Keiser, ha sido la caza de animales silvestres con perros, los cuales además están prohibidos en una reserva protegida, “yo no puedo llegar e ingresar a un área silvestre del Estado de Chile y ponerme a cazar conejos, eso por la ley no está permitido según el SAG”, aclara González.
La acumulación de basura durante una semana completa, también es una de las faltas, ya que como informa el funcionario, se debería retornar de las excavaciones todos los días con la basura. Además de esto, agrega la ausencia de servicios de higiene acordes, por lo que el área se contamina con los desechos, tanto de alimentos, como de excremento, lo que podría provocar la llegada de roedores.
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Para Alejandra Vidal, este caso viene siendo un error desde el comienzo y afirma que el CMN erró al darle en primera instancia el permiso a Keiser, “el Consejo de Monumentos Nacionales hace 20 años atrás se equivocó […] Cedió a las presiones y lo autorizó, y estuvo para mi gusto, completamente equivocado”, afirma.
Además, la experta explica que “el consejo le perdió un poco la pista a la fiscalización”, según ella, debido a la poca capacidad que tiene la entidad frente a todos los casos o proyectos que debe fiscalizar, por el reducido número de personas que posee para esto, “no hay malas intenciones, sino que hay poca capacidad logística”, aclara la arqueóloga, quien además presentó el caso el 7 de octubre pasado, frente a la Comisión de Medio Ambiente.
