En  2017 el paso del Rally Dakar por Bolivia estuvo marcado por la cancelación de las etapas correspondientes a los tramos Tupiza- Oruro y Oruro- La Paz, a causa de las lluvias y el malestar creciente de los pilotos. Las condiciones climáticas de la zona instaron a los organizadores de la carrera a integrar al Lago Titicaca a la ruta para su edición posterior. Pero, al igual que en 2017, las fuertes precipitaciones pluviales ocasionaron que la etapa Tupiza-Salta fuera cancelada, incrementando así los rumores de la exclusión de Bolivia del evento deportivo.

Si bien el país estaba fuera de la organización de la carrera, la ASO-empresa francesa que organiza el evento, trató de cambiar de posición cuando Argentina y Chile se alejaron de la lucha por organizar la edición 2019, pero fue el propio Gobierno de Bolivia el que desestimó la oferta, debido a que su intención era llevar la competencia a otras regiones del país como la zona del Chaco boliviano, con la intención de promocionarla turísticamente. Sin embargo, durante el 2018 los focos de rechazo a su paso por Bolivia fueron incrementando, sumando voluntades para denunciar el impacto negativo de la carrera tanto en el medioambiente como en el patrimonio arqueológico.

Según reporta Carlos Lémuz- representante de la Sociedad de Arqueología de La Paz (SALP), cualquier expresión de rechazo a la carrera era rápidamente aplacada por el Gobierno, tal como ocurrió en  las dos comunidades autónomas indígenas que generaron un mayor foco de resistencia al paso del evento deportivo: Tolapampa (2014) y Jesús de Machaca (2016) -ambas regiones correspondientes a tierras comunitarias de origen. Finalmente la organización del Dakar logró evitar el bloqueo por Tolapampa el 2014, pero no pasó por Jesús de Machaca porque la temporada de lluvias no lo permitió, a pesar de que dicen, existían  movimientos de oposición que estaban preparados para generar bloqueos u otros espacios de resistencia.

Una campaña de rechazo que se implementó desde el primer día en que el Dakar ingresó a suelo boliviano. Tanto con la SALP como arqueólogos independientes y otras organizaciones sociales y ambientalistas se han manifestado en contra de la carrera, generando campañas de rechazo en alianza con organizaciones internacionales. Actualmente, la SALP es la única organización que aglutina arqueólogos profesionales en Bolivia, y por lo tanto ha sido la entidad encargada de demandar una mayor protección al patrimonio arqueológico frente a los riesgos asociados al paso del Dakar.

Según complementa el arqueólogo Carlos Lémuz, en Bolivia el mayor argumento de oposición al Rally Dakar es que  en su organización se utilizan recursos que podrían emplearse en otros ámbitos prioritarios. Además, cree que se generaron falsas expectativas y se invirtió en hotelería, lo que finalmente fracasó, a causa de que no se generó el movimiento económico que se prometió previo a la carrera.

“En Bolivia la oposición al Dakar ha sido muy fuerte en la última temporada, debido a los gastos públicos involucrados y la manera proselitista con la que se ha manejado su organización, además de los escasos resultados que se han obtenido en relación con el incentivo al turismo y la economía que supuestamente se desarrolla en torno a este evento deportivo”, dijo Lémuz.

 

Daños localizados al patrimonio arqueológico

 

El paso del Dakar en Bolivia ha tenido diferentes fases: La primera de ellas muy focalizada en el sur del país, luego se ha introducido en la zona de Los Salares y finalmente en la cuenca del Lago Titicaca. En todos estos casos, la Sociedad de Arqueología de La Paz (SALP) ha denunciado la inexistencia  de evaluaciones de impacto arqueológico y ambiental, donde las instancias de protección estaban a cargo de los mismos organizadores del evento, por lo tanto- acusan, se trata de un proceso poco fiable.

Los daños  posteriores que las organizaciones ambientalistas han podido identificar han sido importantes, particularmente en la zona de Las Lagunas de Colores, (Laguna Colorada, Verde, Celeste y Blanca), toda la zona de Lípez (Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa) y la zona del Salar, donde claramente han sido identificados daños al medioambiente debido al paso de la comitiva- que incluye motocicletas, vehículos 4 x 4 y camiones, además del daño causado por el movimiento de gente que el evento ha promovido, y que en muchos casos se ubicaban en sitios de altura para poder divisar la carrera. Probablemente muchos de los asistentes al evento deportivo desconocían que estos sitios de altura generalmente fueron usados como asentamientos en tiempos prehispánicos: Torres funerarias (chullpas), pequeños poblados han sido afectados por la presencia de vehículos 4 x 4 que no estaban participando en el Dakar pero que trasladaban a gente que buscaba observar su paso

Los efectos colaterales de la carrera más extrema del mundo: Toneladas de basura, daños a las áreas monumentales, daños al material arqueológico que se sitúa en el lugar, y en otros casos también vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, a causa del paso por tres áreas que son tierras comunitarias de origen, que son autonomías indígenas originarias y campesinas a las cuales no se les ha consultado, que han acusado amenazas y que finalmente aceptaron su paso luego de que en algunos casos se había bloqueado el acceso y se había puesto en riesgo el paso del Rally Dakar, tal como ocurrió en Potosí en 2014.

Finalmente, la carrera no circuló por la zona de la cuenca del Lago Titicaca debido a la insistencia de las comunidades y a algunas advertencias sobre el daño al patrimonio arqueológico. “La fortuna nos ha beneficiado porque las dos veces que la carrera debía pasar por la cuenca del Lago Titicaca- que es una zona de alta densidad de sitios arqueológicos, ha llovido mucho y los lugares estaban anegados por lo que en ambas ocasiones se han anulado los tramos de la ruta en esa zona, lo que ha provocado que los propios pilotos se desalentaran de circular por allí debido a las condiciones climáticas y sus riesgos asociados, lo que finalmente ha sido muy positivo”, agrega Carlos Lémuz.

 

Falencias en la protección del patrimonio arqueológico

 

Antes de definir oficialmente la ruta, los organizadores de la carrera aseguran que durante casi cuatro meses de trabajo se toman las medidas para planificar una ficha ambiental que debe tomar en cuenta la mitigación e impacto ambiental y patrimonial de la zona geográfica por donde pasa la carrera. El problema radica en que profesionales bolivianos denuncian la inexistencia de estudios arqueológicos previos, sobre todo en las zonas del Altiplano sur y el Altiplano central.

Al respecto, el arqueólogo Carlos Lémuz agrega que al interior del Ministerio de Culturas se encuentra la Unidad de Arqueología y Museos que es responsable del resguardo del patrimonio arqueológico, entidad “que hasta el momento no ha emitido ningún criterio ni tampoco tiene la capacidad técnica ni profesional para poder implementar estudios suficientemente extensivos a lo largo de la ruta, por lo tanto los daños que pudo haber generado el Dakar hasta el momento no han sido cuantificados. Ahora bien, debido a la presencia de una alta densidad de sitios arqueológicos en las diferentes zonas por donde circuló el Dakar, es muy poco probable que no se produjesen daños a los sitios y al material que está por encima de esta zona”, complementó.

Desde la SALP denuncian que El Ministerio de Culturas y Turismo (MDCyT) agrupa ambas instancias: Es organizador de la carrera y al mismo tiempo ente fiscalizador de su impacto patrimonial. Es decir,  por una parte participa de la organización del evento deportivo, y por el otro, dentro de la misma institución, existe una instancia (Unidad de Arqueología y Museos) que es la encargada de proteger el patrimonio arqueológico de la nación y de actuar como la entidad fiscalizadora en este ámbito, asegurándose de que todos los estudios de impacto arqueológico sean realizados. “O sea en el fondo- y tal como ha ocurrido en el Dakar, el MDCyT es juez y parte en el asunto, debido a que no se han realizado estudios independientes ni exante ni expost, aunque en el discurso si se ha indicado que se han realizado otros estudios”, agregó Carlos Lémuz.

En Bolivia no se ha definido una línea de base ni  se han explicitado estándares de evaluación posterior. Desde la sociedad de Arqueología se han solicitado los resultados de estos supuestos estudios independientes encargados por el Ministerio de Culturas, pero jamás se ha tenido acceso a dicha información. Denuncian que al paso de la carrera se ha tratado de proteger algunos sitios clave con personal del Ministerio, lo cual consideran insuficiente, debido a que por lo general sólo son cuatro o cinco arqueólogos que trabajan para esa dependencia.

“Afortunadamente el clima nos ha beneficiado y ya ha existido el rechazo por parte de los pilotos para evitar cruzar territorio boliviano, lo cual aleja su retorno. Eso sí, somos conscientes de que el daño al patrimonio arqueológico en Bolivia es algo bastante localizado pero lo que ocurre a lo largo de la región es algo que nos debe comprometer a todos como arqueólogos e investigadores, por lo cual debemos siempre apoyar las organizaciones de países hermanos en todo lo que permita detener actividades que impacten negativamente en el medio ambiente, nuestro patrimonio arqueológico o que afecte a las comunidades indígenas y campesinas dispersas en la región”, enfatizó Lémuz.

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