Creado en 1925 con el fin de proteger el patrimonio cultural del país, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), dependiente del Ministerio de Educación, enfrenta hoy un complejo escenario. Por una parte, las críticas externas apuntan a una gestión ineficiente y burocrática en sus resoluciones; y por otra, algunos de sus trabajadores han salido públicamente a reclamar condiciones laborales precarias, malos tratos y falta de personal. A poco de que el CMN pase a integrar el Ministerio de Cultura, el ex consejero Luis Cornejo y el actual consejero Mauricio Uribe, ambos representantes de la Sociedad Chilena de Arqueología en la instancia, entregan sus perspectivas sobre una institución que advierten debe, sí o sí, replantearse para sortear lo que consideran un momento de evidente crisis.
El Consejo de Monumentos Nacionales, regido por la Ley 17.288 dictada en 1970 está conformado por 19 representantes de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil ligadas al ámbito patrimonial, entre ellos un representante de la Sociedad Chilena de Arqueología que corresponde hasta ahora al único representante de la disciplina en dicho Consejo.
Este cargo fue ocupado por el arqueólogo Luis Cornejo, actualmente director de la carrera de Arqueología de la Universidad Alberto Hurtado durante dos períodos de tres años cada uno, concluyendo el último en 2016. En 2017 asume su posición el arqueólogo Mauricio Uribe, académico de la Universidad de Chile ex Presidente de la Sociedad Chilena de Arqueología. Ambos tienen en común no sólo su participación en esta instancia, sino también la certeza de que algo no está bien en el CMN.
“El Consejo es una repartición pública que tiene, de acuerdo a la ley, una cantidad de gente dedicada a determinadas funciones y que cuesta mucho que las cumpla porque el Estado no entrega los fondos suficientes para tener al personal adecuado, que pueda cumplir con sus tareas. Esa es una cosa histórica. Otro problema histórico es que su dirección está en directa relación con los cambios políticos que ocurren en el país, ya que tanto el Vicepresidente Ejecutivo y su Secretaria Técnica, son nombrados por el Ministro de Educación y, por lo tanto, eso implica una suerte de tensión entre las necesidades de la protección del patrimonio y las necesidades políticas de los gobiernos de turno”. Esto afirma Luis Cornejo sobre el panorama de la institución que a su juicio pasa períodos mejores y peores, siendo el actual uno de estos últimos, teñido principalmente por los problemas de gestión al mando de su vicepresidente ejecutivo, Ángel Cabeza.
Aunque el arqueólogo Mauricio Uribe advierte que, “el CMN es la única institución en este país que por ley se hace cargo del tema arqueológico”, está cierto que “nuestra Ley de Monumentos Nacionales es muy antigua y el CMN como una institución que representa esa ley, no responde a sus tiempos actualmente (…) El aparato institucional está desfasado, lo que tenemos hoy es una ley y un Consejo de Monumentos que han quedado cortos, con personal y presupuesto restringido, súper centralizado, con poca capacidad de manejo regional, no porque no se quiera, sino porque es imposible implementarlo, no está en la ley, no existe. Todo ha ido creándose de acuerdo a las gestiones de las personas que han asumido el liderazgo dentro del Consejo”.
Para Uribe es evidente que esta institucionalidad, “necesita potenciarse, mejorarse y pensarse, porque también la arqueología chilena ha aumentado mucho, y el crecimiento del conocimiento acerca del pasado ha sido exponencial. Hemos tomado conciencia de algo que no imaginábamos: Que Chile está lleno de Arica a Tierra del Fuego, de vestigios y materialidades de otras épocas y otros habitantes. La Ley de Monumentos se aprobó pensando en monumentos, por lo tanto, en cosas muy restringidas y limitadas, excepcionales. Hoy día lo arqueológico no es una excepción, sino una normalidad”.
Para Luis Cornejo el problema no es la ley propiamente tal, la cual considera protectora del patrimonio, sino la ejecución de ésta y las capacidades que el Estado le ha entregado a este organismo para ejecutar los mandamientos de esa ley. “El Consejo tiene una planta de personal pequeña, mal remunerada, con mucho trabajo y sin una distribución nacional como para poder fiscalizar. Debido a esto el impacto en los monumentos arqueológicos es cotidiano. Ahí se genera una contradicción entre un Estado que tiene una ley súper protectora y un Estado que no ofrece los recursos suficientes para que se pueda proteger lo que la ley dice que se debe proteger”, estima el arqueólogo.
En este contexto, Cornejo advierte que los conflictos se han agudizado además por “problemas de gestión y también de autoridades que han tratado de convertir al Consejo de Monumentos en un organismo menos técnico y más político”.
En este sentido, el ex consejero del CMN revela que, “en la última administración, los problemas se han maximizado por el control que está intentando establecer la DIBAM sobre el CMN. El CMN es un ente independiente, no depende de la DIBAM legalmente, pero como el Vicepresidente Ejecutivo actual del CMN es al mismo tiempo el director de la DIBAM, ha venido tomándose atribuciones que me parece que no corresponden y ha convertido al CMN en una especie de servicio dependiente de la DIBAM. Y eso no sería malo en principio, si no fuera porque esto ha llevado a que las actividades del Consejo en este momento están muy dirigidas a satisfacer las necesidades del Estado en cuestiones de desarrollo, de obras de infraestructura y se ha presionado mucho al Consejo para que se aprueben proyectos del Ministerio de Obras Públicas”.
En este escenario, Cornejo acusa presiones desde las autoridades del Consejo, la Secretaría Técnica y el vicepresidente ejecutivo para que ciertos proyectos avancen, cuestión que ha significado que en los últimos dos años, la gente que trabaja en el Consejo haya disminuido fuertemente, ocurran cambios en puestos relevantes, desvinculaciones injustificadas e incluso actualmente exista un juicio por acoso laboral por parte de una trabajadora. “Los males tradicionales del Consejo se han incrementado a un nivel nunca antes visto en mi experiencia que estuve vinculado al Consejo más o menos desde la mitad de los noventa hasta el año pasado”, dice Cornejo.
Uribe coincide en que las políticas con que se ha ejecutado en esta última gestión, más que ayudar a superar las críticas que permanentemente recaen sobre el Consejo -referidas a que es un proceso burocrático, lento, purista y que su personal insuficiente o incluso ineficiente-, han llevado a un debilitamiento que no ha hecho más que acrecentarlas: “y, por lo tanto, deja expuesto al CMN y particularmente al área de arqueología como un problema. Por eso mismo tenemos el temor de que esta precarización que se agudiza con esta serie de prácticas que no comprendemos y que afectan particularmente al personal, vayan en una línea en que más que ayudar, está afectando la situación del área de arqueología y del patrimonio arqueológico en un contexto mayor, en el contexto nacional”.
Desafíos a futuro
El pasado 3 de noviembre el Diario Oficial publicó la Ley 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El CMN pasará a ser parte de esta cartera y con ello por cierto se abre una oportunidad a ciertas transformaciones en el organismo.
“En un principio me parece bastante favorable que sea un Ministerio de Cultura el lugar donde esté el patrimonio, porque el CMN está en una categoría media extraña en el sentido que su dependencia era bien poco clara. Soy muy partidario de que el Consejo y toda la normativa patrimonial pase a estar dentro de un ministerio, que la persona de más grado en el tema patrimonial sea al menos un subsecretario, eso lo encuentro muy valorable. Lo que me preocupa de todo eso es que las modificaciones que se hicieron de la ley, no cambiaron la ley de Monumentos Nacionales ni el funcionamiento del CMN; solamente cambió su dependencia y se hizo algunos cambios pequeños en la composición del Consejo”, afirma Cornejo. Entre esos cambios, se incluye la participación dos nuevos consejeros, uno de ellos representante del Colegio Arqueólogos de Chile A.G.
Uribe en tanto, manifiesta preocupación, pues aún no se conoce cómo se va a concretar el paso al Ministerio de Cultura, lo que sumado al próximo cambio de gobierno, aumenta la incertidumbre sobre los procesos que vienen adelante. De todas formas el académico señala: “Yo tengo muchas esperanzas y creo que esto puede ser una oportunidad si se piensa de una manera positiva, pero para eso los organismos institucionales como nuestra Sociedad Chilena de Arqueología y Colegio de Arqueólogos deben también apresurar el tema, instalarlo y dar propuestas”.
Refiriéndose de forma concreta a los cambios que requiere el Consejo, Luis Cornejo apunta al fortalecimiento de la secretaría técnica con un Secretario Ejecutivo que sea electo por Alta Dirección Pública, una mejora en infraestructura y en personal que esté acorde con lo que la ley establece, con posibilidades de perfeccionarse en el tiempo, además de cierto grado de regionalización. “No soy partidario de que haya un CMN en cada región, porque no hay suficiente personal calificado en cada región ni infraestructura necesaria, yo diría que hay que hacer un CMN en el Centro Norte, Centro Sur y otro Austral, una regionalización que permita ejecutar recursos más localmente”.
Cornejo estima que es momento de aunar propuestas, “acerca de cuáles debieran ser los caminos a seguir, en función de darle una mejor vida a esta institución que está en un estado bastante lamentable. Eso es algo que se ha hecho poco. Existe un consenso bastante grande en torno al tema, pero no se ha puesto una voz única. Creo que se requiere una voz más activa, que represente centralizadamente a la Sociedad de Arqueología y el Colegio Arqueólogos, que hoy están en condiciones de conversar perfectamente al respecto. Ahora lo que más se requiere es hacer pública la situación del CMN, que la sociedad sepa en qué condiciones está”.
“Este es un momento crítico que ojalá no se dilate aún más entre los intereses y pugnas particulares de cada gobierno y sus autoridades. Pero, también es un momento que Chile debe aprovechar para generar una verdadera política cultural y patrimonial que realce y otorgue justicia al alegado arqueológico de los múltiples y diversos habitantes del territorio, del cual todos nosotros somos responsables”, concluye Uribe.
