En el mes de febrero, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió acoger a trámite el recurso de protección en contra de la versión 2014 del Dakar, interpuesto por el ecologista Mariano Rendón y Fundación Patrimonio Nuestro y del cual el Colegio de Arqueólogos de Chile AG., se hizo parte. La noticia fue recibida con optimismo al interior de las organizaciones recurrentes, pues por primera vez, el Poder Judicial no desestimaba una acción interpuesta en contra la competencia pseudo deportiva del Rally Dakar.
El pasado 6 de mayo correspondía realizar los alegatos, no obstante éstos no se llevaron a cabo porque la defensa del Instituto Nacional del Deporte (IND) recusó a uno de los abogados integrantes de la 7° Sala de la Corte de Apelaciones, dejando sin el quórum suficiente al tribunal para poder oír los alegatos. En esta oportunidad, los abogados recurrentes se encontraron con la sorpresa que sería un abogado de la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), quién asumiría la defensa del IND, considerando que es precisamente el CDE, el organismo sobre el que pesa la obligación legal de perseguir a los responsables del delito de destrucción de sitios arqueológicos. El IND y la empresa francesa Amaury Sport Organization tiene a su haber más de doscientos sitios destruidos, sin embargo, hasta el momento los responsables de este daño ambiental permanecen impunes. Es evidente el abandono de deberes del CDE, organismo mandatado por ley para encargarse de la defensa del patrimonio arqueológico de todos los chilenos.
La Corte de Apelaciones ha asignado una nueva fecha para la realización de los alegatos, el próximo lunes 17 de junio. Al respecto Paola González, arqueóloga, abogada y vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos de Chile, quien ha encabezado la lucha judicial en contra del Dakar, señala: “Confiamos en que el Poder Judicial restaure el estado de derecho, vulnerado abiertamente por los organizadores de esta competencia. En nuestro ordenamiento jurídico quién destruye un sitio arqueológico comete un delito, a menos que se someta al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, procedimiento administrativo que determina con exactitud el impacto ambiental de la actividad, y ordena la implementación de medidas de compensación y mitigación, destinadas a hacerse cargo del daño producido. Nuestra ley no consagra una tercera vía, ni permite que los organismos públicos establezcan situaciones de excepción o perdonazos. Esperamos que las instituciones cumplan con su deber legal de proteger el patrimonio cultural chileno. En definitiva, perseguimos que la competencia, sino se prohíbe al menos se someta a un Estudio de Impacto Ambiental, como cualquier otra actividad productiva.”
El Colegio de Arqueólogos de Chile, confía plenamente en la contundencia de su argumentación, la misma que ofreció al Gobierno de Ecuador y que entregó elementos a este Estado, para el rechazo del ingreso del Rally Dakar a su territorio, decisión responsablemente tomada el pasado mes de mayo.
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