Luis Penchuleo: “La consulta indígena es un derecho”

A pesar de que en el año 2008 Chile ratificó el Convenio 169 de la OIT, el cual establece la obligatoriedad de la consulta indígena para toda medida legislativa o administrativa que tenga incidencia en estos pueblos, en nuestro país este acuerdo no es llevado a cabo correctamente. Si bien, existe el decreto 66 que reglamenta el proceso de consulta, éste no es suficiente.

Así lo explica Luis Penchuleo, integrante de la comunidad Mateo Ñirripil de la comuna de Lautaro, quien ha estado vinculado desde muy joven con el movimiento social mapuche y ha sido parte de importantes consultas indígenas, como la solicitada para la tramitación del proyecto de ley para la creación del Mincap. Luis, de profesión periodista, con estudios en derecho y sociolingüística, es actualmente el encargado regional de la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SNPC) y dirigente regional de la Asociación Nacional de Trabajadores del Patrimonio (Anatrap).

– Luis ¿Por qué es importante la consulta indígena?

Es importante porque de alguna manera nos coloca como sujetos de derecho, es decir, se nos pide la opinión sobre lo que nosotros queremos, sobre nuestro destino, sobre una temática en particular. Por lo tanto, la consulta indígena es un derecho ganado por décadas, por no decir siglos, del movimiento indígena a nivel mundial.

El hecho de que ya nos pregunten, es un paso, la manera en cómo nos están preguntando es la que hay que mejorar. Pero es un derecho que hemos heredado de nuestros antepasados, gracias a la lucha de ellos hoy día tenemos estas herramientas jurídicas y políticas, esa es la principal ventaja.

Hoy día, gracias al proceso de consulta, a pesar de las críticas, se le ha hecho más difícil al Estado y al mundo privado intervenir los territorios o hacer lo que quieran con ellos, como se hacía antes del proceso de consulta, que bastaba con tener el poder político y económico y se hacían las cosas sin siquiera preguntarle a los pueblos originarios.

– ¿Bajo qué metodologías se aplican las consultas y cuáles son los procedimientos?

Como lo dice la ley, la consulta tiene que ser previa, libre e informada.

Previa significa que tiene que ser anterior al proceso legislativo, en el fondo la idea del proyecto de ley, si es que estamos hablando de un proyecto de ley, se tiene que entregar en estricto el borrador íntegro.

Libre, en el sentido de que no tienen que haber interferencias de tipo políticas, o que traten de promoverse ciertos intereses ajenos a los pueblos indígenas dentro del proceso de consulta. Por lo tanto, el equipo que desarrolle el proceso de consulta tiene que tener una actitud neutral.

E informada, se refiere a que se tiene que entregar toda la información y poner equipos multidisciplinarios a disposición de las comunidades indígenas también, para que ellos puedan tener claridad absoluta de lo que están discutiendo. En el caso nuestro, cuando desarrollamos el proceso de consultas para la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, pusimos un equipo multidisciplinario a disposición de las comunidades, y dentro de los más requeridos estuvieron precisamente los abogados, que explicaban cuáles eran las repercusiones o qué era finalmente lo que significada cada uno de los artículos que se estaban proponiendo.

En términos generales, una consulta aparte de ser previa, libre e informada, tiene que tener los tiempos necesarios para que las comunidades lleguen a un acuerdo, y ese es el principal motivo por el cual la mayoría de las consultas, por no decir todas las consultas a excepción de la de cultura, han carecido, porque no se les da el tiempo necesario para que las comunidades acuerden una propuesta.

Lo que ocurre, por lo general, es que se toma el parecer de la gente y como los pueblos indígenas son diversos, salen múltiples opiniones acerca de un mismo tema y luego se corta el proceso de consulta y se da por finalizado el tema. No se llegan a acuerdos comunales, menos a acuerdos regionales y tampoco a acuerdos nacionales. Entonces el Estado no tiene la posesión de un documento que diga el acuerdo que han logrado las comunidades indígenas, o los pueblos, sobre el determinado proyecto de ley que se está consultado. Y finalmente, los que sistematizan el proceso de consulta, del ministerio que corresponda, hacen una selección de las distintas opiniones que salieron en los territorios y después el Gobierno, el Estado en el fondo, selecciona las opiniones que le parecieron pertinentes a su proyecto de ley.

Ahí está el principal error, porque hay que dejar que los pueblos originarios acuerden, es decir, “esto es lo que nosotros opinamos” y junto con ello elegir a sus representantes; y luego continuar la tramitación del proyecto de ley. Y ahí, lo ideal es que haya una instancia de negociación de los representantes de los pueblos indígenas con el ejecutivo, y posteriormente esa discusión siga en la instancia legislativa con el Parlamento.

Si no hay voluntad desde el Estado para que los pueblos originarios lleguen a acuerdo en los procesos de consulta, esos procesos de consulta están condenados al fracaso.

– En el fondo, la consulta indígena en nuestro país no se lleva a cabo correctamente…

Exacto, claro. No dejo que, a los que les estoy consultando, entre ellos lleguen a un acuerdo.

– ¿Y para que llegaran a un acuerdo, el estado debería disponer medios?

Distintos medios, equipos multidisciplinarios. Darles la facilidad para que ellos puedan discutir y hacer un análisis profundo de las temáticas que se están consultando.

Y se agrava ese error, con la elección de los representantes, porque los representantes de alguna manera, irresponsablemente también, asumen eso, porque como no se alcanzaron en las bases a hacer los acuerdos, después son ellos los que terminan completando el proceso desde sus puntos de vista. Pero esa es la opinión de ellos, no ha sido discutida con las bases, por lo mismo después tienen el descrédito de éstas. En cambio, si fuera al revés, ser representante sería mucho más fácil, porque ya llevo el mandato de mi comunidad, de las bases, por lo tanto, eso es lo que yo voy a ir a defender, no le voy a ir a poner de mi cosecha.

– Hay un desorden y una mala organización…

Hay un desorden, y en ese desorden, el Estado siempre va a tener la ventaja, porque tiene los equipos técnicos disciplinarios. A veces los representantes son dirigentes sociales, pero que no tienen la capacidad técnica en el mismo nivel que un asesor estatal, que un parlamentario o que un ministro con todo su gabinete, para discutir los temas en igualdad de condiciones. Entonces se da en una situación de asimetría total.

– ¿Qué pasó con la consulta del Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural?

Hay instancias donde no se ha hecho el proceso de consulta, y el principal ejemplo lo tenemos hoy día mismo con el tema de la discusión de la ley de patrimonio.

 El hecho que no se consultara, de partida, es una vulneración a los derechos de los pueblos indígenas, porque la ley de patrimonio es totalmente consultable, hay informes técnicos que así lo indican, de hecho, la ley de patrimonio es mucho más consultable que la ley que creó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y esa se consultó.

No se quiere consultar, porque se considera como un obstáculo, como un proceso que ralentiza el proceso de creación de la ley.

Pero ahora se dieron cuenta, gracias a la presión social que hay, que la ley tenía que ser consultada.

Si se quiere enmendar el camino con respecto a la ley de patrimonio, se tiene que, en primer lugar, paralizar el proceso legislativo, mediante una indicación sustitutiva, es decir, retirar el proyecto de ley del Congreso, armar un borrador de la ley completa, y ese borrador someterlo a consulta.

– ¿Qué significó para ustedes que no se les consultara?

Que se estaba vulnerando abiertamente un derecho que está en la legislación en Chile. Y, por otro lado, si uno lee el actual proyecto de ley, es un retroceso de cincuenta años o más de la política indígena. Hay una ausencia total del indígena en la presente ley de patrimonio, y es a todas luces una ley que, si o si, va a afectar el patrimonio indígena, aunque no lo nombre, aunque no tenga la palabra indígena en el proyecto de ley, porque en el componente de patrimonio cultural material están gran parte de los indígenas, y en lo inmaterial también, porque tenemos los sitios de significación cultural que están por todas partes del territorio mapuche.

Es una invisibilización horrenda de los indígenas en el actual proyecto de ley.

– Y ahora ¿qué se hará al respecto, frente a la falta de consulta en el Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural?

La información que tenemos nosotros, es que las autoridades del ministerio están barajando la posibilidad de hacer un proceso de consulta, pero yo creo sinceramente que eso ya fue. O sea, en el contexto que hoy día está viviendo el país, con los tiempos que quedan para sacar adelante una ley, el proyecto de ley de patrimonio no creo que vaya a ser posible en este gobierno.

Porque de partida no están los recursos para hacer una consulta. Sumado a esto, el proceso de consulta por lo menos va a llevar siete meses de realización ¿y al Gobierno cuánto le queda? se viene el próximo año, que va a ser un año electoral, en donde sabemos que el ritmo legislativo baja. Creo que el principal enemigo del subsecretario del Patrimonio es el tiempo, pero eso hoy día afortunadamente va en beneficio de los pueblos originarios, para que no salga una ley nefasta como la que se está pretendiendo sacar. Pero de todas maneras hay que estar alertas, porque las cosas se están moviendo por debajo.

Entrevista telefónica, domingo 26 de abril.

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