La jornada “Diálogo abierto: Modificación de la Ley de Monumentos Nacionales”, organizada por el Colegio de Arqueólogos y Sociedad Chilena de Arqueología convocó a diversos actores involucrados con el patrimonio, quienes plantearon desde distintas aristas los temas más relevantes que debiera incluir esta propuesta. En el encuentro se dio cuenta del trabajo realizado por las organizaciones en torno a este tema, y se trazaron líneas de trabajo a seguir, de forma conjunta.

Itací Correa  y Gloria Cabello, presidentas del Colegio de Arqueólogos y de la Sociedad Chilena de Arqueología, respectivamente, dieron la bienvenida al encuentro de diálogo y reflexión sobre la modificación de la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, que entrará próximamente al debate parlamentario. La jornada se realizó el 10 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y contó con la participación de cerca de 50 asistentes, entre miembros de asociaciones gremiales, organizaciones civiles y público interesado por el patrimonio.

“Si bien se ha informado que el Título V de Arqueología de esta ley no se va a modificar, según la última información de la Subsecretaría del Patrimonio, consideramos como Colegio de Arqueólogos, que hay algunas cosas que queremos ir a discutir al parlamento, como por ejemplo, seguir defendiendo nuestra participación en el Consejo de Monumentos, la que nos han señalado no continuaría.”

Pese a que las autoridades de gobierno, todavía no han dado a conocer el borrador de la ley, sino sólo algunos estractos de éste, Gloria Cabello de la Sociedad Chilena de Arqueología, dio cuenta sobre una reciente reunión entre representantes del Colegio de Arqueólogos, la Sociedad Chilena de Antropología Biológica, la Sociedad Chilena de Arqueología, los representantes del Consejo de Monumentos Nacionales y el equipo de la Subsecretaria del Patrimonio, para empezar a hablar de la modificación del Reglamento de La Ley No 17.288, sobre Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas Y Paleontológicas (1990).

“Ellos nos presentaron una pauta de lo que la Subsecretaría consideraba que eran los temas relevantes a tratar en la modificación del Reglamento, por ejemplo, la visión científica, la incorporación del aspecto bioantropológico, la separación de lo arqueológico y lo paleontológico, la noción de sitio, la noción de excavación, la titularidad de los investigadores, la financiamiento, el equilibrio público y privado, y la experiencia comparada, entre otros puntos”, dijo Cabello agregando que “queremos recalcar que esto no se trata de una discusión cerrada, es el inicio, esperamos que en marzo o abril del próximo año se pueda tener una propuesta final, nada está zanjado”.

El primer bloque del encuentro titulado “Problemáticas de la actual Ley 17.288 y propuestas para su modificación. Perspectivas de modificación del Reglamento”, comenzó con la intervención de Nuriluz  Hermosilla, vicepresidenta del CARCH, quien expuso sobre patrimonio en el contexto de la protección medioambiental.

Junto con relevar que hay una protección incompleta en este ámbito, Hermosilla señaló: “Los arqueólogos no podemos hacerle el quite al presente, el presente es el estrato más reciente, en el que tenemos los testimonios y las personas vivas. Entonces, pienso que el patrimonio del presente, representa la ocupación de los territorios, pertenece a los colectivos, su preservación y puesta a disposición debe estar presente para todos, es un derecho humano”.

Elías Padilla y Marcela Fuentealba del Colegio de Antropólogos de Chile, siguieron el debate con una crítica al proceso que se lleva adelante. “Estamos en una tremenda desventaja para poder hacer una discusión sobre los marcos legales, y poder en cierto modo, revertir un escenario adverso, que nos permita preservar, mantener y  promover el patrimonio de Chile, el patrimonio de los pueblos que construyen en sus propios territorios formas de vida, que son sin duda expresiones distintas a lo que hoy día el modelo chileno promueve y estimula”.

“Si nosotros no nos unimos y no trabajamos en conjunto, no vamos a llegar a ninguna parte’”, afirmó al comenzar su exposición a presidenta de la Sociedad Chilena de Antropología Biológica, SOCHIAB, Mónica Rodríguez, quien realizó una presentación sobre los aspectos bioantropológicos a considerar en la modificación al Reglamento de Excavaciones y la actual Ley de Monumentos Nacionales.

“Nuestro patrimonio bioantropológico tiene muchas características distintas, es un patrimonio que es natural, que es cultural, es intangible y tangible, todo al mismo tiempo. No lo podemos considerar solo un subconjunto de la arqueología porque tiene un valor en sí mismo, tiene un valor bioantropológico, y también tiene un valor ético, político y social que no podemos dejar de considerar”.

Tres son las consideraciones que la SOCHIAB considera centrales dentro de este nuevo marco normativo: que existan requerimientos técnicos para el trabajo con materiales bioantropológicos, que la valoración y protección del patrimonio bioantropológico no sea inferior a la del patrimonio cultural, y que existan valoraciones éticas respecto a este patrimonio.

Martín Chávez y Christián Salazar de la Asociación Chilena de Paleontología siguieron con las exposiciones del primer bloque. Junto hacer un recorrido sobre la historia de la paleontología en Chile y la conformación de la Asociación, los representantes dieron cuenta del avance que han tenido en este proceso, en el que la paleontología tendrá su propio reglamento.

“Los puntos principales que nosotros tratamos de promover respecto a las modificaciones prácticas que le queremos realizar a la ley, tienen que ver con la necesidad de generar un manejo legal diferente entre el patrimonio arqueológico y el paleontológico; la revisión de los criterios de prospección y excavación; la definición del perfil profesional del paleontólogo; y el convertir a la Asociación Chilena de Paleontología en un referente primario de la comunidad de profesionales paleontológicos de Chile ante las autoridades”, dijo Chávez.

Agradeciendo la realización de este debate, José Osorio, director de la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales, comentó las propuestas realizadas por la asociación al respecto, dentro de las cuales el patrimonio indígena, fue mencionado como un punto clave.

“Mientras no aparezca el proyecto de gobierno, lo que se nos ha informado es que no estaría yendo como categoría en esta ley el patrimonio indígena, y que se vería la forma de incluirlo en el parlamento para evitar la consulta indígena, cosa que nos parece aberrante. Lo básico y lo mínimo está relacionado éticamente con el patrimonio indígena, tiene que haber una categoría para éste y se debe avanzar en esa línea”, advirtió Osorio.

El tema del patrimonio indígena estuvo también presente en el segundo bloque titulado “Actual legislación patrimonial y su relación con comunidades y derechos humanos”. En representación del Colegio de Arqueólogos, su presidenta, Itací Correa, abrió las intervenciones.

“Nos da la impresión que hay algunos tipos de patrimonio que hacen más ruido y que están vinculados a la consulta indígena. Ahora, por lógica toda la modificación de la ley amerita la consulta indígena, no sólo el Título V de Arqueología. Especial ruido ha tenido el concepto de patrimonio bioantropológico”, refirió Correa.

En su exposición, la presidenta del Colegio de Arqueólogos, relevó el tema del acceso al borrador de la ley para poder trabajar sobre el reglamento que estará vinculado a esta nueva normativa. “Trabajar a nivel del reglamento cuesta mucho, porque no tenemos una idea de lo que está planteando la ley y cómo vamos a refrendar los principios de la ley. Podemos avanzar, hay muchos temas que se pueden trabajar pero tenemos que tener el documento en mano”, concluyó.

Cristián Dávila y Adriana Brink del Centro de Estudios Aiken, realizaron su intervención, vinculando el cambio de la ley con las comunidades, y lo hicieron exponiendo el caso de Cerro Chena donde convive el patrimonio arqueológico, con diversas actividades de la comunidad que ha hecho apropiación del espacio.

“Quizás hay algunos puntos que pudiéramos mirar como comunidad y no sólo pensando en cómo nos va a beneficiar a nosotros. No pensar si vamos a tener o no más integrantes en el Consejo de Monumentos, más o menos trabajo. Estamos hablando de patrimonio que no nos involucra sólo a nosotros. Hay elementos mínimos que creemos que debieran entrar a la discusión. Por una parte, consideramos que ratificar tratados internacionales como el de la OIT, trae implicancias para el trabajo arqueológico. También está la integración de las comunidades en un sentido amplio: estudiantes, trabajadores, grupos indígenas. Hacerse parte visibilizando a los otros actores”, mencionó Dávila.

Por parte de la Mesa Sitios de Memoria conformada por el CARCH y el Consejo Nacional de Conservación y Restauración, intervino Loreto López, quien hizo una caracterización de los sitios y la organización que hay en torno a ellos, dando cuenta cómo la actual ley ha impactado en la recuperación de estos espacios y cómo podría seguirlo haciendo.

“La ley ha sido útil principalmente ante las emergencias y amenazas de destrucción, transformación o borramiento. Ha servido para tomar posesión simbólica de los espacios. La Declaratoria de Monumento ha sido bien importante para hacer una toma de posesión por parte de las organizaciones de la sociedad civil (…) El problema más grave es que esta ley no está por sobre otras relacionadas a seguridad, y la mayor parte de los recintos está en manos de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas. Es lo que pasa en este momento con el Cuartel Borgoño, que el Ministerio del Interior ha determinado que puede seguir siendo destruido y transformado”, afirmó López.

Finalmente Ximena Navarro y Doina Munita del CARCH, presentaron dos casos de reenterramientos ocurridos en el sur del país, poniendo sobre relieve, otra arista de manejo del patrimonio y los desafíos que plantea esta modificación.

“Queremos contribuir con una mirada crítica de los procesos, en donde hemos visto involucrada a la disciplina y lo que nos atañe que es el sur de Chile, que exige identificar las visiones locales y externas, como decoloniales y colonialistas que tenemos todos. Queremos hacernos cargo de las críticas del pueblo mapuche acerca de un tema sensible, como lo son los cementerios”, afirmó Navarro dando paso a la exhibición de dos casos de reentierros: uno de éxito y otro de fracaso.

“Los profesionales que trabajamos en el tema mapuche tenemos que ser consecuentes, y debemos negarnos a aceptar una modificación a la ley de Monumentos Nacionales sino pasa por un adecuado proceso de consulta indígena. Por supuesto, se debiera considerar el concepto de reentierro en la ley, visibilizando la visión de la muerte de los pueblos originarios”, concluyó Munita, cerrando una jornada de debate, que marca el punto de partida del trabajo colaborativo entre las distintas asociaciones, profesionales y grupos de la sociedad civil vinculados al patrimonio.