Conocido por haber sido un espacio de tortura y represión de la dictadura militar por más de una década, el Cuartel Borgoño, hoy es territorio de disputa entre la Policía de Investigaciones — institución que se quedó con los inmuebles tras la dictadura y ha avanzado, bajo el amparo del Estado, en su demolición—, y las organizaciones civiles, que buscan su restitución y conversión en un sitio de memoria para el país. En medio de la disputa, la voz de los arqueólogos se levanta a favor de la recuperación de un espacio, en el que el rescate de evidencia y la puesta en valor de la historia, no sólo es posible, sino urgente.

El Cuartel Borgoño, centro de detención, tortura y exterminio funcionó en Santiago, comuna de Independencia entre 1977 y 1988, siendo un espacio clave dentro de la política represiva de la dictadura de Augusto Pinochet. Por éste pasaron cientos de opositores al régimen militar, trabajadores, dirigentes sociales, maestros, sacerdotes, pobladores, estudiantes, miembros de la resistencia popular o de la rebelión popular.

Ubicado al norte del Río Mapocho, en el sector que desde tiempos prehispánicos se conociera como La Chimba, los terrenos ubicados en Borgoño 1470, tienen una historia vinculada a la salud pública de nuestro país: hacia fines del siglo XIX, fue emplazado en el lugar el Desinfectorio Público y a principios del siglo XX levantado el Instituto de Higiene. Posteriormente se sumó al Instituto Bacteriológico, todas instalaciones que pasaron a depender del Ministerio de Salubridad Pública, y posteriormente al Servicio Nacional de Salud.

Con el Golpe de Estado en 1973 hubo un vuelco en la historia de Borgoño: el lugar lo ocupó la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, instaurada por el nuevo régimen, hasta que en 1978 se traspasó definitivamente a la Central Nacional de Inteligencia, CNI. Tras el fin de la dictadura, el terreno fue cedido a la PDI, quienes ocuparon todos los edificios y en 1997, demolieron el sector poniente del lugar, para construir un nuevo recinto y han seguido hasta hoy amparados por el Ministerio del Interior, haciendo uso del espacio y disponiendo de los cinco volúmenes originales alojados en éste.

En 2016, ante la inminente demolición de otro de los inmuebles que quedaban en el lugar –bajo la justificación de la PDI de que se necesitaba construir un nuevo edificio para la institución–, y con el propósito de recuperar este sitio como un lugar de memoria, nace la Corporación Memoria Borgoño, creada principalmente por sobrevivientes y familiares, y a la sobre la marcha se han ido sumando profesionales jóvenes, activistas de derechos humanos y vecinos del sector.

Gracias al trabajo de las organizaciones, en 2017 se logra la declaratoria del lugar como Monumento Nacional por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, CMN. Sin embargo, el Cuartel Borgoño sigue en manos de la PDI y la amenza constante de su demoloción no cesa.

“Es un terreno económicamente muy valorado, además simbólicamente, ha sido tomado por la Policia de Investigaciones, que tiene el beneplácito del Ministerio del Interior  de no desocupar el recinto, y ocuparlo para lo que ellos creen que es necesario, y lo que es necesario para ellos es demoler y construir otro edificio”, afirmó Patricia Zalaquett, directora de la Corporación Borgoño, dando cuenta que el CMN, no tiene un peso político sobre el Ministerio del Interior para restituir el lugar a los sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos, con el fin de levantar ahí un sitio de memoria para el país.

Hasta ahora, señaló Zalaquett, la vía que les va quedando para obstaculizar la destrucción del sitio,  “son recursos judiciales que permitan que no se intervenga el lugar, que es lo que estamos haciendo, hacernos parte en querellas por desaparecidos, o bien, hacernos parte en querellas por torturas que sitúan a Borgoño como un lugar de evidencia jurídica en el que deban realizarse reconstituciones de escena”.

En este contexto de tira y afloja con el gobierno, Nicole Fuenzalida, arqueóloga y miembro del Colegio de Arqueólogos, fue invitada en 2017 a participar del equipo de investigación de la Corporación Borgoño. Ahí, junto a cientistas políticos, antropólogos, arqueólogos y profesionales de otras disciplinas, con el apoyo del Centro Nacional de Conservación y Restauración, trabajan sobre la urgente necesidad de recuperar el lugar, haciendo visible su relevancia histórica, la viabilidad de su puesta en valor, y la posibilidad de encontrar evidencia para causas judiciales vinculadas a derechos humanos.

-¿Qué es lo que está haciendo el equipo de investigación actualmente?

El objetivo primario que nosotros teníamos cuando nos conformamos, fue levantar toda la información posible que existía respecto del Cuartel Borgoño, porque en los documentos oficiales, archivos Valech y Rettig, existe un silencio de lo que realmente aconteció ahí. Sin embargo, en el contexto actual y producto de una sistemática destrucción y abandono del lugar –con la Corporación y otros grupos movilizados ante este escenario–, se constituyó una Mesa de Trabajo Unificada para poder parar la destrucción y el proyecto de construcción que tiene la PDI para la edificación de un nuevo cuartel, que se va a llamar Independencia II. Entonces, en el marco de eso tenemos la urgencia de documentar y visibilizar esta lucha por recuperar este espacio, donde la arqueología viene a aportar un punto de vista técnico que se une a este marco de acción, más político, si se quiere.

-Desde el punto de vista técnico, ¿en qué condiciones está hoy este sitio?

Los volúmenes originales emplazados en el terreno eran cinco. Uno de ellos fue demolido por la PDI para hacer su primer gran edificio, que sigue ahí funcionando. En el segundo volumen queda solo la fachada, y adentro está en ruinas. Pero desde el punto de vista técnico y arqueológico, los lugares tienen un potencial increíble de documentación. Es decir, nosotros podríamos estudiar y documentar el lugar si tuviéramos acceso libre. Desde reconstruir la historia ocupacional del lugar, levantar todas las marcas, todas las evidencias que nos permetirían, por ejemplo, comenzar a unir cabos para posibles causas en acciones judiciales, para poder dar cuenta del horror que ocurrió ahí y un montón de otras cosas, muy significativas desde el punto de vista del país, porque ahí hay que hacer énfasis en que el Cuartel Borgoño no ha sido dimensionado en su real envergadura, en relación a que fue el principal centro de secuestro, tortura y exterminio de la dictadura. Fue un lugar que se ocupó por al menos 11 años, entonces, en ese sentido alberga no solo la historia de la CNI, sino también de la DINA y luego de la PDI en una relación de continuidad, que lamentablemente el Estado chileno ha amparado.

-Es decir, no estamos hablando de recuperarlo solo por su valor simbólico, sino también porque hay evidencia que es suceptible de ser recabada.

Yo diría efectivamente que ahora estando así en esas condiciones, podríamos entrar como arqueólogos a clasificar estos materiales. La arqueología es una herramienta de trabajo muy versátil, y de hecho nosotros, los arqueólogos, somos especialistas en trabajar con fragmentos, con restos. Entonces, es una oportunidad única para llevar a cabo un proyecto arqueológico de gran envergadura si tuviésemos los recursos. Si el Estado concientizara una política de Derechos Humanos, y otorgara recursos de investigación, esta sería una oportunidad única para conocer y desarrollar, por ejemplo, toda una estrategia desde el punto de vista forense, que se podría levantar ahí para clasificar evidencia para causas judiciales, y así empezar a otorgar más sustancia a todo este pasado oscuro que nadie conoce de la CNI, por ejemplo.

-Y en este contexto, la declaratoria de Monumento Nacional, ¿no sirve para proteger este lugar?

El Estado está en contradicción, porque por un lado otorga esta declaratoria de Monumento Nacional al lugar, por su valor histórico y estético, por la arquitectura que tiene de principios de siglo, porque ahí operó el Instituto de Higiene y ha habido todo un sentido del uso público del lugar. Sin embargo, existen intenciones de construcción desde la PDI, que están en contradicción con el sitio de memoria, y en ese sentido, hay una disrupción del Estado –desde el Ministerio del Interior y de Bienes Nacionales–, que lamentablemente estaría sobre la Ley de Monumentos, cuestión que es bastante problemática, porque se supone que todos debiéramos proteger el patrimonio y el pasado del país, sobre todo, el Estado.

-¿Qué busca la Corporación Borgoño y las organizaciones que están trabajando por este lugar?

La idea es justamente que este lugar se traspase a las comunidades, se restituya este bien para un uso público, se termine el uso y ocupación de la PDI del lugar. Y en ese sentido, que el Estado se haga cargo de proteger el lugar en tanto sitio de memoria para que sea un lugar abierto, participativo, vivo para la comunidad. Si tú hoy pasas por el lugar, parece un lugar abandonado.

-Desde tu punto de vista, ¿el rol del Estado, independiente a los gobiernos que han pasado, ha sido negligente con la recuperación de la memoria local, particularmente con estos sitios?

Totalmente. El Estado chileno lamentablemente desde la transición a la democracia que no ha tenido una política para los sitios de memoria ni en materia de derechos humanos fuera de las reparaciones simbólicas. En ese sentido, la agencia de la ciudadanía y de los colectivos de memoria han sido yo diría el 80% de las iniciativas que se hacen en Chile en materia de derechos humanos. Entonces, justamente, la ausencia de una ley de sitios de memoria inciden en que pasen estas cosas.

-Y en ese sentido, ¿se abre hoy un espacio para la discusión de una ley de sitios de memoria?

Sí, de hecho están en discusiones proyectos de ley que han nacido de las colectividades y de sitios de memoria. Nosotros como mesa del Colegio de Arqueólogos también estamos discutiendo y reflexionando sobre las posibilidades de pensar efectivamente una política pública para los sitios de memoria. Pensamos que sería una buena puerta de entrada para que el Estado se haga cargo de la materia de derechos humanos que es la gran deuda que ha tenido históricamente.