(Santiago de Chile, 09.01.2014) En marzo del año 2013, el Colegio de Arqueólogos se hizo parte del Recurso de Protección interpuesto por Luis Mariano Rendón y la Fundación Patrimonio Nuestro, en contra de la versión 2014 del Rally Dakar. Luego de presentar los alegatos en la Corte de Apelaciones, en el mes de junio, dicho tribunal resolvió rechazar el recurso aludiendo, que los recurrentes (demandantes) “carecían de legitimación activa”, argumento que el lunes 7 de enero, fue ratificado por la Tercera Sala de la Corte Suprema.

Rechazar un recurso de protección por esta razón es restringir la justicia a una cuestión de forma y no de fondo, es limitar la discusión a si las personas u organizaciones demandantes tienen o no el “derecho” de alegar protección. Es la forma perfecta para amordazar y echar tierra encima a la real e importante discusión país que aquí existe y que es, que desde el año 2009 a la fecha en nuestro país, se han cometido delitos en contra del Patrimonio Arqueológico, de manera reiterada, frente a los cuales el Estado de Chile ha sido cómplice. Más de doscientos sitios han sido dañados por la competencia Rally Dakar, y no lo decimos nosotros, lo señalan documentos oficiales del propio Estado de Chile (Ordinario 5612/2012 del CMN). Sin embargo, a ningún poder del Estado le preocupa esta impunidad. Pero cuidado, sepa usted, o cualquier empresa que si mañana daña un único sitio arqueológico, tendrá que soportar todo el peso de la ley sobre sus hombros; se querellará contra usted el Consejo de Defensa del Estado, los tribunales lo sancionarán a pagar multas o incluso cárcel, por el agravio cometido en contra del patrimonio arqueológico de todos los chilenos, y todo esto será en justa razón. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre usted, una empresa y el Rally Dakar?, nosotros no lo sabemos. Será el Gobierno de Chile y ahora Tribunales, los que deberán explicarles a todos los chilenos por qué algunos sí pueden dañar nuestro patrimonio en absoluta impunidad y por qué otros no.

Lo hemos dicho antes, la competencia Rally Dakar comete un delito amparado y financiado por el propio Estado de Chile, tal vez estemos frente a unos de los actos de omisión del Estado más desvergonzados y publicitados de los que se tenga memoria pública post dictadura. El Rally Dakar quebranta la institucionalidad chilena vigente, eso lo sabe el Gobierno, eso lo saben los Magistrados, lo sabe cualquier jurista. Es por ello que antes de llegar a la discusión que importa, los delitos contra el daño arqueológico y la inacción del Estado frente a ellos, se acalla el caso diciendo que los querellantes y sus coadyuvantes (Colegio de Arqueólogos y Sociedad Chilena de Arqueología) no probamos “legitimidad activa” para exigir que se acoja un Recurso de Protección: ¡Maravilloso!

El Rally Dakar entra en Chile, al final de la administración de la presidenta re-electa Michelle Bachelet (2009), siendo ampliamente promovido por el actual gobierno del Presidente Sebastián Piñera y todo parece indicar que el Rally se seguirá realizando durante muchos años más en nuestro país. El Colegio de Arqueólogos de Chile, espera que en este nuevo periodo, Bachelet pueda re-evaluar esta decisión y hacerse cargo de la destrucción e ilegalidad reinante, de la cual ella también es responsable. Si el Estado de Chile, insiste en seguir autorizando el paso del Rally Dakar por Chile, resulta innegable la necesidad de someter cada versión del Rally a un Estudio de Impacto Ambiental. También es necesario que la Presidente electa transparente las reales cifras del Dakar, sobre todo en lo atingente a los millones de dólares (dinero de todos los chilenos) que el Estado entrega a Amaury Sport Organisation, ASO, empresa organizadora del Dakar, para destruir nuestro desierto y patrimonio.

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