Arqueólogos y paleontólogos unidos ante la vulneración de nuestra herencia cultural tras el paso del rally Dakar
Pese a los permanentes reconocimientos discursivos, en diferentes ámbitos, acerca del valor de la diversidad cultural, actualmente la cultura continúa siendo comprendida por muchos —incluidos los agentes estatales— como algo mayormente vinculado con el espectáculo, la estética y el hedonismo. Como bien de consumo o esparcimiento, multitudes confunden la cultura con un pasatiempo, lejano a cualquier noción de memoria, herencia o sistema de codificación generada, tanto en el presente como en el pasado, por una o más comunidades. Como efecto de ello, la gran mayoría de las veces resultan contrapuestos y contradictorios los programas diseñados por los estados nacionales y por otras jurisdicciones subordinadas (esto es, regiones, provincias, municipios, etc.), respecto de las decisiones e intervenciones que se llevan a cabo de hecho para la integración, la supervivencia y la salvaguarda del legado cultural.
El patrimonio arqueológico en particular, entendido como parte del patrimonio cultural, debe ser valorado y protegido por cuanto es a) resultado de los procesos históricos que conformaron y conforman a las sociedades y a sus identidades, b) medio insustituible para el conocimiento del pasado y resignificación del presente y c) recurso turístico, difusor del conocimiento y generador de ingresos genuinos. La depredación y destrucción, intencional o no y por cualquier medio y con cualquier fin, del patrimonio arqueológico importa, pues, una pérdida irreparable del mismo. Sin embargo, a pesar de que la sociedad en general, a través de sus representantes, ha comenzado a tener conciencia de la importancia de resguardar el patrimonio -lo cual se refleja en el creciente número y calidad de las disposiciones legales existentes al respecto-, las autoridades encargadas de hacer respetar por todos los sectores tales normativas, en ocasiones no cumplen su rol en forma adecuada. En efecto, los estados y sus organismos dependientes responsables de llevar a cabo una gestión profesional sobre las comunidades y su patrimonio —a través, por ejemplo, del relevamiento y análisis de datos, de la organización de instancias de diálogo, de la toma de medidas orientadas a lograr la puesta en valor del patrimonio y su integración en las economías locales y regionales— son los mismos que, en forma paralela, muchas veces operan deshaciendo y obstaculizando el avance de políticas de protección.
Esto es lo que sucede, desde el año 2009, con la organización del denominado Rally Dakar que, durante el corriente año, realiza su octava edición en Sudamérica. El Rally Dakar es una competencia de vehículos rodados de diversa índole que, en sus diferentes ediciones, ha incluido territorios argentinos, bolivianos, chilenos y peruanos. En él participan alrededor de 500 vehículos, incluyendo motos, cuatriciclos, camionetas, camiones y automóviles que, en numerosos tramos denominados “especiales”, circulan a alta velocidad a través de áreas abiertas, por fuera de rutas o caminos preexistentes y en zonas ancestrales —particularmente en el área andina—, provocando una severísima alteración del medio ambiente, generando una “huella” de decenas y hasta varias centenas de metros de ancho. Todos aquellos elementos de la más diversa naturaleza, sea ésta vegetal, animal, o mineral que se encuentren sobre la superficie, o inmediatamente por debajo de ella, son invariablemente afectados o destruidos por completo. A su vez, la asistencia de gran cantidad de público en los diversos sectores del recorrido acrecienta también el efecto mencionado.
Si bien existen informes acerca de la afectación de rasgos superficiales visibles, tales como trazados camineros, geoglifos y cementerios prehispánicos, es necesario tener en cuenta que el patrimonio arqueológico deriva de las diversas actividades llevadas a cabo por las sociedades humanas que habitaron nuestros territorios en el pasado y que, como aquéllas, se distribuye de modo heterogéneo pero prácticamente continuo en el espacio. En este sentido, se lo puede hallar en altas concentraciones de materiales, como es el caso de lugares que funcionaron como sitios de habitación permanente o semipermanente, o como materiales dispersos, por ejemplo herramientas o fragmentos de artefactos descartados o perdidos por sus usuarios originales. Estas características particulares de los restos arqueológicos de valor patrimonial, es decir su extrema fragilidad y su distribución en el espacio, hacen imperiosa la necesidad de llevar a cabo acciones de protección ante el daño no sólo real, sino también presunto o potencial.
La naturaleza del problema, así como las contradicciones y la fragilidad de las políticas oficiales en nuestros países, nos conducen a pronunciarnos en contra de la continuación de esta competencia en particular y de otras similares, en general. Nuestra demanda no debe ser considerada proteccionista per se, sino como la consecuencia de una comprensión de la memoria como interpretación del pasado en el presente y como vía que permite construir y habitar de mejor manera el futuro. Asimismo, debe ser vista como un reclamo de implementación de políticas culturales efectivas y coherentes, libres de la lógica del mercado y verdaderamente arraigadas en nuestras realidades múltiples y en transformación.
Firmamos este documento con el fin de movilizar, tanto en nuestros ámbitos nacionales como en el contexto internacional, una reflexión crítica colectiva, que logre imponer una comprensión de la cultura que trascienda al espectáculo y que aporte a la configuración de un tejido sensible en el que nos reconozcamos como un cuerpo social múltiple.
Firman:
Colegio de Arqueólogos de Chile, A.G.
Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina (AAPRA).
Sociedad Chilena de Arqueología (SCHA)
Colegio de Profesionales en Arqueología de Tucumán, Argentina
Museo Chileno de Arte Precolombino
Asociación Chilena de Paleontología
Sociedad de Arqueología de La Paz, Bolivia
Sociedad Chilena de Antropología Biológica
